Sin embargo, 14 horas después de que la legislación entró en vigor, estaba también en el escritorio de un juez federal.

Mientras esos casos son ventilados en las cortes, otros estados que buscan formas de combatir la inmigración ilegal siguen de cerca lo que sucede. En Georgia se espera que el gobernador firme un proyecto similar al de Utah. Y la legislatura de Alabama está considerando otro.

El tropiezo legal de la legislación de Utah podría hacer que otros estados lo piensen dos veces antes de seguir adelante. Después de todo, los legisladores de Utah habían consultado con abogados para tratar de evitar que surgiesen los mismos cuestionamientos jurídicos que generó el proyecto de Arizona.

En el fondo, el problema sigue siendo el mismo, según los académicos: La inmigración entra dentro de la esfera del gobierno federal y cualquier estado que intente decirle al gobierno nacional cómo hacer cumplir las leyes de inmigración corre peligro de incurrir en actitudes inconstitucionales.