Arizona se preparaba para pedirle el jueves a un tribunal de apelaciones que anule el fallo de una jueza que suspendió las partes básicas de la nueva ley de inmigración del estado, brindándole una primera victoria clave al gobierno federal en una pelea que podría elevarse a la Corte Suprema de Estados Unidos.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo que la decisión anunciada el miércoles por la juez federal Susan Bolton "es un bache en el camino" y prometió apelar.

El vocero de Brewer, Paul Senseman, dijo que Arizona le pediría más tarde el jueves a la corte federal de apelaciones del noveno circuito, en San Francisco, que suspenda las medidas cautelares ordenadas por Bolton y que acelere el examen de la apelación presentada por el estado.

Brewer firmó en abril la ley que reavivó el debate nacional sobre la inmigración meses antes de las elecciones legislativas de noviembre próximo.

La juez Bolton estimó que el gobierno del presidente Barack Obama tiene buenas posibilidades de triunfar con su argumento de que la ley de inmigración federal prevalece sobre la ley estatal.

Sin embargo, el promotor clave de la ley de Arizona, el representante republicano Russell Pearce, opinó que la juez se equivocó y pronosticó que el estado ganará el caso al final.

Los opositores de la ley opinaron que el fallo de la juez envió un mensaje claro a otros estados que tenían la esperanza de copiar la legislación de Arizona.

"Seguro que va a obligar a los estados a hacer una pausa para analizar cómo están elaborando su legislación y cómo encaja en un marco constitucional", dijo Dennis Burke, el fiscal federal para Arizona. "Los proponentes de esta ley dijeron a la corte que no había dudas de que era constitucional, y ahora una juez federal dice, 'Un momento. Hay problemas graves con este proyecto de ley''', agregó Burke a The Associated Press.

"Así que la idea de que esto iba a ser un modelo para otros estados está seriamente en duda. El plan es constitucionalmente deficiente", añadió.

En su fallo cautelar, Bolton retrasó la aplicación de las disposiciones más controvertidas de la ley, incluso una que obligada a la Policía a que solicitara la licencia de conducir, pasaporte u otro documento de identidad de una persona si tenía razones para sospechar que ingresó sin documentos al país.

Los agentes debían realizar tal control de inmigración luego de detener a una persona mientras hacían cumplir otras leyes u ordenanzas.

La juez Bolton también puso en suspenso partes de la ley que obligaban a los inmigrantes legales a portar sus documentos en todo momento y que prohibía a los trabajadores indocumentados solicitar trabajo en lugares públicos, como en playas de estacionamiento.

La juez también prohibió a los policías estatales que detengan sin orden judicial a sospechosos de ser inmigrantes sin documentos.

"El obligar a los agentes del orden público y las dependencias de Arizona para que determinen el estatus migratorio de toda persona que sea detenida viola los derechos de los inmigrantes con residencia legal, debido a que se restringiría su libertad mientras se verifica su situación en el país", dijo Bolton, quien fue nombrada por el gobierno del entonces presidente Bill Clinton para trabajar en siete demandas presentadas contra la ley de Arizona.

Otras disposiciones de la ley que eran menos polémicas entraron en vigencia el jueves, entre ellas una que prohibe a las ciudades de Arizona de vulnerar las leyes federales de inmigración.

La secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, dijo que el fallo era el "primer paso en la dirección correcta".

En declaraciones a los medios de comunicación, Espinosa agregó que el gobierno mexicano dará seguimiento al proceso judicial "hasta que se produzca la declaración de inconstitucionalidad de la ley SB1070".

La secretaria agradeció a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú que se sumaron a una moción presentada por México en la corte estadounidense.

El fallo se produjo justo cuando la policía realizaba preparativos de último minuto para comenzar a aplicar la ley y mientras los activistas planeaban grandes manifestaciones en contra.