Una séptima demanda para impedir que entre en vigencia una dura ley de inmigración en Arizona representa la primera objeción legal contra materiales de entrenamiento para policías encargados de implementar la nueva legislación.

Los agentes no deberían utilizar el origen étnico de una persona para determinar si existe una "sospecha razonable" de que se encuentra ilegalmente en el país, de acuerdo con los términos de la ley.

Sin embargo la demanda, presentada el viernes en la corte federal, asegura que los materiales de entrenamiento son "tan imprecisos y mal definidos que seguro generarán categorización racial y discriminación".

"Es como tener una ley que pida a los policías salir y detener a todos los niños pero no atender al hecho de que alguien pueda parecer niño", dijo Peter Schey, abogado con sede en Los Angeles, quien encabeza el equipo legal que presentó la demanda el sábado.

"En vez de entrenar a la policía sobre quién es y quién no es realmente deportable, el material de capacitación se concentra en factores vagos y ambiguos, como la forma de vestir de una persona o su capacidad limitada para hablar inglés, o su conducta, si es que alguien puede definir todo eso", dijo Schey. "Un agente promedio que utilice esos estándares inevitablemente se enfocará en la apariencia física o en la raza de una persona, y se cerciorará de no decirlo en su reporte".

Schey calculó que dos millones, entre los casi 12 millones de indocumentados que hay en el país no son elegibles para deportación porque están en el proceso de búsqueda de un estatus legal.

Entre los materiales hay un video emitido el 1 de julio, el cual advierte a los agentes no usar la raza o etnicidad a la hora de implementar la nueva ley.

Aún así, el video dice a los agentes que se les permite considerar si una persona habla mal el inglés, parece nerviosa o viaja en un vehículo con demasiada gente.

Los agentes policiales pueden también tener en cuenta cuando alguien lleva varias capas de ropa en un clima bochornoso o cuando alguien se encuentra en una zona frecuentada por indocumentados que buscan trabajo.

Estas medidas llevarían a una "categorización racial generalizada" en contra de los hispanos, agrega la demanda.

Los que interpusieron la demanda oponiéndose a los materiales de entrenamiento, incluida la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, esperan que sus argumentos sean escuchados por la jueza federal de distrito Susan Bolton, quien está analizando las otras seis demandas legales.

Bolton dijo en esta semana que no prometía emprender acciones sobre las demandas antes de que la ley entre en vigor.

Los demandantes argumentan que los inmigrantes que ya son conocidos por las autoridades o que han hecho solicitudes para legalizar su estatus serán arrestados porque no tienen los documentos específicos que requiere la nueva ley.

La ley, que entraría en efecto el 29 de julio dependiendo de los desafíos legales, exige a agentes de policía, cuando investiguen otros incidentes o crímenes, a preguntar a la gente sobre su estatus migratorio si hay "sospechas razonables" de que se encuentran en el país de forma ilegal.

El Departamento de Justicia también interpuso una demanda diciendo que la ley de Arizona usurpa la "autoridad preeminente" del gobierno bajo la Constitución para regular la inmigración.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y otros partidarios de la ley aseguran que ésta forzará a indocumentados a abandonar el estado. También dicen que era necesario que el estado hiciera algo, ya que el gobierno falló a la hora de garantizar la seguridad en la frontera con México.

Los oponentes a la ley aseguran que la nueva legislación promocionará la categorización racial.