Luis Guerra juró que no tenía nada que ver con ningún asesinato, que quien lo haya señalado como responsable se equivocó. No obstante, fue encerrado en la cárcel de Rikers Island durante más de un año antes de que se retiraran los cargos.

La cosa no terminó allí. Funcionarios federales de inmigración intervinieron debido a que Guerra estaba en el país ilegalmente, traído desde México cuando era niño. Terminó en un centro federal de detención de inmigración en Texas antes de permitírsele regresar a Manhattan; ahora está esperando para saber si será enviado a una nación en la que no ha estado desde que tenía 9 años.

Simplemente por haber estado en Rikers se colocó en el radar de la oficina federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), comentó Guerra, de 21 años, quien está tratando de obtener un título universitario mientras espera saber sobre su futuro. Las autoridades de la ciudad "cometieron un error, y ahora estoy pagando por su equivocación", señaló. "Yo tenía una vida normal antes", lamentó.

Remover a inmigrantes ilegales que entraron en contacto con el sistema judicial es una parte significativa de los esfuerzos del ICE a nivel nacional, pero necesita la cooperación de las agencias judiciales locales para poderlo realizar. Las relaciones que lo hacen funcionar están causando preocupaciones no sólo en Nueva York, sino también en lugares como el condado de Arlington, en Virginia; en Washington, D.C.; el condado de Santa Clara, en California; y en San Francisco.

Defensores de los derechos de los inmigrantes y algunos políticos encuentran perturbador que agentes locales cooperen con el ICE en la identificación de inmigrantes ilegales. Ello obliga a Nueva York, una ciudad que debe su existencia a los inmigrantes, a involucrarse en la tendencia nacional de deportaciones e inhibe a los inmigrantes de tener contacto con las autoridades, incluso para reportar crímenes.

"Realmente no es una buena idea tener a grandes segmentos de la comunidad temiendo a las autoridades judiciales", dijo Nancy Morawetz, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, y parte de su Clínica de Derechos del Inmigrante.

Guerra, testificando sobre el asunto el miércoles en una audiencia del Concejo Municipal, dijo que vio eso de primera mano después de su arresto en el 2007 por un cargo de homicidio en segundo grado.

"Hubo gente que vio el asesinato, gente que pudo haber aclarado mi situación", señaló, "pero tuvieron miedo de ir a la policía después de que se enteraron de lo que me estaba ocurriendo con inmigración", agregó.

El ICE ha tenido presencia en el principal complejo carcelero de Nueva York desde hace al menos 15 años. El Departamento de Correccionales de la ciudad dice que las regulaciones federales le exigen acatar las órdenes de detención para el ICE.

En el año fiscal 2010, 3.155 de 13.386 reos extranjeros tenían orden de detención del ICE, y 2.552 de ellos fueron entregados directamente a la custodia federal cuando fueron liberados de Rikers, señaló el departamento. A nivel nacional, aproximadamente la mitad de las casi 393.000 personas retiradas del país en el último año eran criminales, según estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional.

"Nuestra principal prioridad es identificar y retirar a delincuentes extranjeros condenados que representen una amenaza a la comunidad y a la seguridad nacional", dijo Iván Ortiz Delgado, vocero del ICE.

Inmigración y Control de Aduanas dice que la ciudad está obligada a detener a cualquiera a quien la agencia haya colocado una orden de detención, y Sharman Stein, portavoz del Departamento de Correccionales, hizo eco de ello.

En todo caso, el ICE debería estar llevando a más gente al sistema de detención y deportación, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro para Estudios de Inmigración, el cual apoya controles más estrictos a la inmigración.

Argumentó que cada inmigrante ilegal es deportable en cualquier momento, y que como están las cosas, el ICE actúa del modo que considera más adecuado en términos de a quién detiene. Los temores una redada masiva son exagerados, opinó.

"Estaría eufórico si este programa funcionara como temen que funcione los grupos defensores de derechos de inmigrantes", añadió.

La agencia federal es atacada frecuentemente por sus prácticas, con críticos citando asuntos como la transferencia de detenidos a lugares alejados de familiares y amigos, y a gente en el sistema que tiene acceso limitado a recursos jurídicos que podrían permitirles permanecer en el país.

La ciudad está secundando eso al no tener mayor cuidado en a quien entrega al ICE, señalan los críticos. Una cosa es entregar a gente condenada por delitos violentos, indican; y otra es entregar a alguien condenado por un delito menor o por nada en absoluto.

Aquí estaría incluido el caso de José Reyes, un residente legal de la República Dominicana. Tras ser arrestado en mayo del 2009 después de una discusión con el nuevo novio de su ex novia, se le puso una orden de detención de inmigración debido a un arresto por un cargo menor relacionado con drogas de 1997. Pudo evitar la deportación después de que el caso fue reabierto y el cargo reducido a alteración del orden.

"Dicen que están tratando de arrestar sólo a criminales", comentó Reyes en la audiencia del miércoles a través de un traductor. "No es justo que personas que tienen únicamente estas pequeñas condenas sean deportadas", enfatizó.

A los críticos también les preocupa lo que depara el futuro en momentos en que el programa Comunidades Seguras -un esfuerzo contra la inmigración más extensivo que aún no se ha implementado en la ciudad de Nueva York— continúa siendo implementado en todo el país como parte de un lanzamiento nacional planeado para el 2013.