La jefa de la fiscalía federal en la isla, Rosa Emilia Rodríguez, informó el martes en un comunicado que las acusaciones incluyen cuatro cargos por "cometer fraude electrónico para privar al pueblo de Puerto Rico de los servicios honestos de Acevedo Vilá como gobernador" y otra acusación por supuestamente conspirar para lavar el dinero producto de dicho fraude.

"Los cinco cargos de la acusación alegan dos patrones de conducta delictiva", dijo la fiscal.

Además del gobernador, se acusó el martes por los mismos cargos a Luisa Inclán Bird, quien se desempeñó como asesora de Acevedo Vilá desde que era candidato a comisionado residente, y Miguel Nazario, el cual dirigió las finanzas del gubernamental Partido Popular Democrático (PPD), que preside el gobernador.

"Como dije el 27 de marzo, reitero que la investigación federal en mi contra está políticamente motivada. Como he dicho desde un principio, nunca he cometido un acto ilegal, no he aceptado ni solicitado una donación a cambio de ningún contrato gubernamental y nunca he permitido el mal uso de fondos públicos", dijo el gobernador en declaraciones escritas.

El primero de los esquemas que le imputan a los coacusados es solicitar y recibir cerca de 250.000 dólares de un hombre de negocios puertorriqueño _identificado como la fiscalía como el "Colaborador 18"_ durante su campaña a la gobernación y luego de asumir el cargo. Ello para el beneficio de Acevedo Vilá y su campaña política.

El cargo relacionado con el esquema de lavado de dinero se refiere a la supuesta conspiración de los tres acusados para hacer transacciones financieras con los fondos recibidos del "Colaborador 18".

"Estas transacciones fueron diseñadas para ocultar y encubrir la naturaleza y el origen del dinero, el cual fue producto del fraude alegado", añadió la fiscalía federal.

Las nuevas acusaciones también indican que la agencia de publicidad utilizada por Acevedo Vilá durante su campaña del 2004 a la gobernación generó facturas falsas dirigidas a una de las corporaciones del empresario colaborador por supuestos servicios rendidos a esa entidad, a pesar de que la compañía publicitaria no había hecho ningún trabajo para el empresario ni ninguna de sus corporaciones.

Según la fiscalía, las facturas fueron emitidas para ocultar que los 250.000 dólares pagados por una de las empresas del colaborador y usados para pagar las deudas de la campaña del mandatario fueron producto del fraude electrónico del primer esquema imputado.

Acevedo Vilá enfrenta otros 19 cargos penales relacionados con el financiamiento de sus dos pasadas campañas electorales: la de comisionado residente (1999-2000) y la de la gobernación (2003-2004).

Junto con el mandatario fueron imputadas en marzo 12 personas allegadas a él que trabajaron en sus campañas. Entre todos, enfrentan 27 acusaciones, entre las que figuran asociación delictuosa para violar la Ley federal de Campañas Electorales, someter informes falsos a la Comisión Federal de Elecciones (CFE), transferencia electrónica fraudulenta de fondos, asociación delictuosa para defraudar al Servicio de Recaudación Interna de Estados Unidos, rendir planillas fraudulentas y falsos testimonios al FBI.

El 8 de julio, los abogados de Acevedo Vilá solicitaron la desestimación de los 19 cargos penales alegando irrelevancia, teorías legales defectuosas, prescripción de algunos cargos y la inconstitucionalidad de otros.

La fiscal María Domínguez, al frente del caso contra el mandatario, pidió después al tribunal que denegara la moción de desestimación, la que catalogó como una realizada para el beneficio político del mandatario.

Acevedo Vilá ha alegado persecución política de parte de las autoridades federales basadas en su reclamo para que se esclareciera la muerte del dirigente del grupo independentista Los Macheteros, Filiberto Ojeda Ríos, en septiembre del 2005.

El gobierno de Puerto Rico acudió infructuosamente hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos para reclamar información del Departamento de Justicia estadounidense sobre esa muerte.

El juicio contra los 13 acusados está pautado para el 9 de febrero.